El Grande, hasta con Calderón convivió
Por: Ricardo Ravelo del semanario PROCESO
Todo indicaba que, tras su detención, la carrera delictiva de Sergio Villarreal, El Grande, llegaba a su fin, pero el capo supo negociar y hoy es un singular testigo protegido de la PGR. En sus declaraciones ministeriales embarró a cuanto mando pudo, lo que permitió afianzar la Operación Limpieza, estrategia mediante la cual la dependencia intenta terminar con sus agentes corruptos.
Lo que se ignora es por qué la titular de la SIEDO, Marisela Morales, se negó a consignar en el expediente los pasajes en los cuales el detenido alude a sus contactos con Felipe Calderón, con otros funcionarios federales y con el senador panista Guillermo Anaya, quien, por cierto, tiene demandado a un reportero de Proceso por “daño moral”.
México, DF. (Proceso).- Tras su detención, el 12 de septiembre pasado en un fraccionamiento de Puebla, Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, el antiguo amo del narcotráfico en la Comarca Lagunera, debuta ahora como testigo estelar de la Procuraduría General de la República (PGR).
Desde su arresto, la dependencia le dio un trato preferencial. Una orden presuntamente girada por el procurador Arturo Chávez sentó a Villarreal Barragán en la mesa de negociaciones con la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales Ibáñez.
Hoy, “El Grande” goza de privilegios. Además de tener un sueldo mensual generoso, las autoridades se comprometieron a cancelar varias de las averiguaciones previas en su contra y a no decomisarle ninguno de los bienes que adquirió cuando fue operador de la célula de los hermanos Beltrán Leyva.
A cambio de ello, él debía declarar todo lo que sabe sobre las redes de corrupción en las corporaciones policiacas y proporcionar los nombres de los presuntos funcionarios y agentes vinculados con las organizaciones criminales.
A la PGR le urgía incorporar a “El Grande” al programa de testigos luego de que el 29 de octubre último un tribunal de alzada concedió la libertad a Jorge Alberto Zavala Segovia, un ex agente federal de la SIEDO que estuvo dos años en prisión. El fallo puso en riesgo la Operación Limpieza, encaminada a sanear a la Procuraduría.
Para evitar que esa investigación fracasara y que otros coacusados fueran liberados por falta de pruebas, “El Grande” aportó datos que comprometían a Zavala Segovia, por lo que el ex agente fue reaprehendido. En su testimonio, “El Grande” aseguró que vio a Zavala Segovia con maletas repletas de billetes de 100 dólares con los que presuntamente “salpicaba” a funcionarios de la SIEDO para que brindaran protección a su jefe Arturo Beltrán Leyva.
Villarreal Barragán comenzó a rendir testimonio sobre la vinculación de funcionarios con los cárteles de la droga luego de su detención.
Algunos agentes de la PGR señalan incluso que él fue quien solicitó ser incorporado al programa de testigos protegidos y que Marisela Morales aceptó la propuesta del detenido, a quien se le asignó el nombre clave de “Mateo”. Morales Ibáñez declaró que “El Grande” fue incorporado a ese programa por una orden dictada “desde arriba”.
En sus declaraciones a la agente del Ministerio Público federal, Angélica Herrera Rivero, y en presencia de sus defensores, el testigo comenzó a hablar de las redes que tejió Arturo Beltrán Leyva con altos funcionarios federales.
Le presentan a Felipe Calderón
Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITMIO/0992010 /2010, “Mateo” reveló que en septiembre de 2006 conoció a Felipe Calderón, cuando ya era presidente electo. Ese día, durante el bautizo de Elsa Anaya, hija del senador panista Guillermo Anaya Llamas, el anfitrión los presentó.
Según el testigo protegido, Anaya Llamas y Calderón son compadres y durante ese convivio el senador le comentó a Calderón durante la presentación:
“Cualquier cosa que se ofrezca, queda a sus órdenes”. El Presidente contestó: “Igualmente”.
Además, señaló que entre 2003 y 2005, cuando fue presidente municipal de Torreón, Coahuila, Anaya Llamas le asignó una escolta personal, así como agentes para que custodiaran el traslado de cargamentos de cocaína y dinero.
“Mateo” también habló de las líneas de parentesco que unen a su familia con la de Anaya Llamas. Dijo que su hermano Adolfo Villarreal estuvo casado con Elsa María Anaya Llamas, hermana del político panista, y que las familias “siempre han mantenido relación de amistad y de negocios” a pesar de que Elsa María y Adolfo llevan años separados.
LA VERSIÓN DE ‘MATEO’
En su edición 1614, “Proceso” informó sobre el bautizo de la hija del senador, quien incluso fue entrevistado. En esa ocasión Anaya Llamas aseguró que Sergio Villarreal no estuvo en esa fiesta y aclaró que su hermana Elsa María se divorció de Adolfo Villarreal en 2005; también respondió que desde hace 10 años él no tiene contacto con la familia Villarreal.
Sin embargo, “Mateo” cobró confianza y en sus declaraciones comenzó a desmenuzar la trama de complicidades entre la célula de los hermanos Beltrán Leyva y funcionarios de la SIEDO, y de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP).
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Ejecutados en Guerrero atribuídos presuntamente a Sergio Villareal |
Mencionó que desde su residencia en Morelos, donde vivía protegido por funcionarios del Gobierno de ese estado, Arturo Beltrán ordenó varios asesinatos y que el secretario de Seguridad Pública, Luis Ángel Cabeza de Vaca Rodríguez, le proporcionaba aeronaves oficiales al capo para sus traslados.
El testigo dijo también que Arturo Beltrán le ordenó hacerse cargo de la logística para ejecutar al comisionado de la Policía Federal Preventiva Édgar Millán Gómez, quien fue asesinado en su departamento por un sicario enviado por Arturo Beltrán el 8 de mayo de 2008.
En ese crimen, expuso, colaboró también un comandante del grupo Yaqui de la PGR apodado “El Perro”, quien era escolta de Millán Gómez. Ese agente, según “Mateo”, tiene contactos con drogadictos del barrio de Tepito, en la Ciudad de México. Cuando él le comentó que la idea era presentar el crimen de Millán como algo pasional o como un asalto, “El Perro” le proporcionó las llaves de la casa de Millán Gómez, ubicada en la colonia Morelos.
Además, dijo, fue él quien le indicó la hora exacta de la llegada del funcionario a su domicilio para que los sicarios que contrató esperaran el arribo de Millán para ejecutarlo.
“Mateo” expuso: …que el crimen de Millán fue bien planeado, que cuando se corrompe a las personas indicadas no hay errores y todo sale bien. Que a Millán se le ejecutó porque (a pesar de que) ya tenía más de seis meses apoyando con información al cártel, dos meses antes de su ejecución apagó sus teléfonos y los miembros del cártel no pudieron localizarlo para que les diera su apoyo en información de operativos, y que esto fue lo que detonó que su jefe, Arturo Beltrán Leyva, ordenara su ejecución.
Que esta misma suerte iba a correr también Luis Cárdenas Palominos (coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal), a quien Arturo (Beltrán) le había hecho llegar una fuerte cantidad de dinero y éste sólo la recibió, pero nunca se comunicó con el cártel… Por ese motivo Arturo Beltrán me ordenó planear y ejecutar a Cárdenas Palominos.
En otro apartado señaló que otro de funcionario que tenía que ser ejecutado de forma inmediata era (Armando) Espinoza de Benito (coordinador de Inteligencia de la Policía Federal), ya que este comandante, según le comentó Arturo Beltrán, lo quería chingar porque recibía dinero por parte de “El Chapo” Guzmán. Que tras recibir la orden se abocó a su cacería y que luego Arturo Beltrán les dijo que ya no anduvieran matando a gente del Gobierno sólo porque sí, que a los del Gobierno que fueran a matar sólo sería porque se les pagara y aún así lastimaran los intereses de la organización.
LOS PASOS DE ‘EL GRANDE’
Sergio Villarreal Barragán relató que en su natal Coahuila fue agente ministerial y que era cliente asiduo de los bares Flamingos y La Masacuata, donde los integrantes del grupo musical La Banda de San Jacinto le compusieron incluso un corrido.
En sus declaraciones mencionó también que tenía contactos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y habló sobre la forma en que solía pasar los cargamentos de droga, así como de las personas que asesinó, todas ellas de la Administración General de Aduanas.
Según él, por fallarle en la recepción de un cargamento de media tonelada de cocaína, la cual debió llegar al AICM a través de la empresa Jet Service, levantó, torturó y descuartizó a tres aduaneros:
El primero fue Carlos Alberto Tapia. Su cuerpo fue encontrado con la cabeza desprendida el 16 de diciembre de 2007 en Tlalnepantla, Estado de México; era agente de aduanas del Aeropuerto Internacional y con quien me arreglé para que recibiera la droga; el segundo fue José Villegas Valdivia, también agente de aduanas del aeropuerto, quien fue hallado con el cuerpo descuartizado en la carretera México-Tuxpan, y el tercer cuerpo descuartizado fue el del gerente de la empresa Jet Service, de nombre Francisco Gerardo Santos Iglesias.
La PGR inició las averiguaciones previas TLA/I/7422/2007/12-T y OTU/II/1950/2007 para indagar sobre las tres ejecuciones.
Según Villarreal Barragán, en la célula de los hermanos Beltrán Leyva había traiciones y muertes. En una de esas pugnas, dijo, torturó y asesinó a Mario Pineda Villa, conocido como “El MP”, por órdenes de Arturo Beltrán:
“A ese marrano yo mismo lo levanté. Se creía muy sanguinario y además no era de mi agrado. Lo amarré y le di de patadas hasta que perdió el conocimiento. Le dije: “Ya ves pinche marrano, no que muy cabrón”, posteriormente ordené que lo subieran a un vehículo y que fuera trasladado por la carretera vieja que lleva a Cuernavaca y a la altura del poblado de Huitzilac, Morelos, ordené que lo bajaran y descargué una ráfaga de ‘cuerno de chivo’ en contra de él estando amarrado”.
Posteriormente, Arturo (Beltrán) me ordenó que se ejecutara a todos los que tenían relación con “El MP” o sencillamente quien fuera su amigo, aunque no tuviera que ver con el negocio de las drogas, y así se procedió en esos días, levantando más o menos a 90 personas, mismas que eran golpeadas y ejecutadas… Que posteriormente a esos hechos mantuvo una relación sentimental con la esposa de Mario Pineda, “El MP”, de nombre Clarisa.
Con relación a la ruptura de Arturo Beltrán y “La Barbie”, por una supuesta traición de éste a su jefe, Villarreal asegura que él mismo ejecutó a más de 150 personas en Morelos y Guerrero. Una de las primeras fue un colaborador de “La Barbie”.
En su relató ministerial, el testigo aseguró que esa persona fue torturada y degollada; además, se grabó un video para subirlo a las redes sociales con amenazas a “La Barbie”, quien era aficionado a ver los videos relacionados con el crimen organizado.
INFORMACIÓN CLASIFICADA
Cuando Villarreal Barragán rindió su testimonio ante la PGR, la titular de la SIEDO, Marisela Morales Ibáñez, ordenó que los pasajes relativos al presidente Felipe Calderón y a los funcionarios de su gabinete no se consignaran, por lo que esos fragmentos quedaron archivados.
Según averiguó el reportero, durante las negociaciones Morales Ibáñez le comentó a Villarreal Barragán que era muy importante para la PGR saber qué funcionarios estaban implicados en la llamada Operación Limpieza, pues estaban en puerta las primeras libertades de varios de los ex agentes procesados, por lo que le pidió que se enfocara sólo en ese aspecto.
Según el acuerdo, Villarreal Barragán debía declarar que él personalmente entregaba dinero a los funcionarios de la SIEDO para que le proporcionaran información que beneficiara al cártel de los hermanos Beltrán Leyva. La PGR incluso le ofreció seguridad para él y su familia, escuela para sus hijos y la cobertura de los costos que ello generara; un pago mensual decoroso por su colaboración y gastos de manutención.
La funcionaria también le comentó que por “órdenes superiores” no se tocaría su patrimonio ni el de su familia, que incluyen ranchos, coches, camiones, aviones y negocios diversos.
Durante su etapa de esplendor en la Comarca Lagunera, tierra de narcos y de grandes fortunas amasadas con el lavado de dinero y el narcotráfico, Villarreal Barragán vivió en el municipio de Lerdo, Durango, al amparo de la alcaldesa panista Rosario Castro Lozano (2004-2007), hermana del actual subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR, Juan de Dios Castro Lozano (”Proceso” 1614).
En una residencia que por un tiempo habitó Arturo González Hernández, “El Chaky”, gatillero de Vicente Carrillo, Sergio Villarreal estuvo a punto de ser detenido en una ocasión. El general Eduardo Miranda, entonces jefe de la base militar conocida como “La Joya”, montó un operativo y se trasladó con sus hombres a la residencia de Lerdo. En el momento en que iba a entrar apareció la alcaldesa Rosario Castro. Iba acompañada de Raúl Villegas Morales, director de Seguridad Pública, y de Isaías Castillo Luna, un policía ampliamente conocido por la protección que brindó a “El Chaky” (”Proceso” 1496).
Testigos de los hechos relatan que Rosario Castro impidió la detención de Villarreal Barragán. Le exigió al general Miranda la orden de cateo y el permiso para entrar a su municipio. Tan fuerte fue la arremetida de la Alcaldesa, que el militar tuvo que soltar a los detenidos y retirarse del lugar.
Hoy, aun cuando lleva más de dos meses detenido, el capo sigue teniendo buenas relaciones con funcionarios. Además, como testigo estelar de la PGR goza de protección e impunidad del Gobierno que lo atrapó el 12 de septiembre pasado en la ciudad de Puebla.
Compadre de Calderón doblega a un tribunal Anaya Llamas consigue que magistrados condenen a periodista por supuesto daño moral.
En su intento por desmentir una presunta relación con el narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, el senador José Guillermo Anaya Llamas demandó por daño moral al corresponsal de “Proceso” en Nuevo León, Arturo Rodríguez García.
Le exige cerca de 3 millones de pesos como reparación, el pago de gastos y costas judiciales, más la publicación de una carta aclaratoria en todos los medios locales y los de circulación nacional.
Ex diputado y ex alcalde de Torreón, Guillermo Anaya es compadre del presidente Felipe Calderón; fue secretario general del Comité Nacional del PAN con Germán Martínez Cazares y actualmente es senador de la República, donde pertenece a la Comisión de Justicia.
Su administración en Torreón fue cuestionada por presuntos hechos de corrupción, que mantuvieron al Congreso local entretenido en revisar sus cuentas públicas por varios meses en 2006. Asimismo, tuvo frecuentes polémicas por violación de derechos humanos, como la persecución a la comunidad gay en 2003 y la detención arbitraria de la diputada perredista María Beatriz Granillo Vázquez en 2005.
En cambio, Anaya Llamas construyó una fructífera relación con el entonces gobernador priísta Enrique Martínez y Martínez, quien antes de concluir su sexenio, en 2005, le otorgó al panista un fiat notarial.
En 2006 Anaya era senador electo cuando el presidente Felipe Calderón aceptó ser padrino de su hija. El bautizo se llevó a cabo en la zona más lujosa de Torreón, con vigilancia del Estado Mayor Presidencial.
El 4 de marzo de 2007, en la edición 1583 de “Proceso”, se publicó el reportaje “Infiltración total”, de Patricia Dávila. Un párrafo se refiere al bautizo:
“Antes de que Felipe Calderón asistiera a la boda mencionada, realizó otra visita a Torreón, el 24 de agosto pasado, para bautizar a la hija del panista y ex alcalde Guillermo Anaya Llamas, protegido de Jorge Zermeño. Entre los invitados se encontraba Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, quien es hermano de Adolfo Hernán Villarreal, esposo de Elsa María, hermana de Guillermo Anaya Llamas”. Por ese párrafo, el senador demandó al corresponsal de “Proceso” Arturo Rodríguez.
La demanda fue interpuesta el 12 de noviembre de 2007, ocho meses después de que este semanario publicara el reportaje, y lleva la firma del “Senador José Guillermo Anaya Llamas”, quien designó como abogado patrono al entonces diputado José Ignacio Máynez Varela, integrante de la Comisión de Justicia del Congreso local.
A través de un juicio ordinario civil, el senador reclamó la reparación del daño moral procedente de supuestos hechos ilícitos y, como consecuencia, el pago de una indemnización (cuantificándola en los ingresos totales por la venta de esa edición de “Proceso”) y demás accesorios legales. El expediente (1715/2007) fue radicado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en materia Civil de Saltillo.
Para justificar la demanda civil, el senador Anaya citó los artículos del Código Penal relativos a difamación y calumnias, que para entonces habían sido derogados.
Unos meses antes de que interpusiera dicha demanda, el 12 de abril de 2007, su compadre Felipe Calderón presumió ante empresarios y directivos de medios de comunicación que esos apartados se habían derogado para evitar que los periodistas fueran perseguidos por la vía penal y así contribuir a la libertad de expresión.
El propio José Ignacio Máynez Varela fue uno de los legisladores que aprobaron, a finales de 2008, la derogación de los artículos de difamación y calumnias en el Código Penal del Estado, mientras que en su faceta de litigante los utilizaba contra el corresponsal.
En cuanto a Anaya Llamas, ni en el texto de la demanda ni a lo largo de todo el proceso judicial negó el parentesco político con Adolfo Villarreal Barragán, sino sólo la presencia de Sergio Villarreal en el bautizo, pero ésta no fue literalmente afirmada en el reportaje.
Sobre el matrimonio de Adolfo Villarreal y Elsa María Anaya, en marzo de 2007, el senador aseguró en diferentes entrevistas que estaban divorciados y que su hermana había perdido contacto con él desde hacía tres años. El divorcio no estaba anotado en el Registro Civil y los medios locales mostraron imágenes de un año antes, en las que Adolfo y Elsa María posaban juntos para la sección de sociales de un diario local.
SENTENCIA TORCIDA
Para justificar la demanda contra el corresponsal, Anaya Llamas expresó que al finalizar el reportaje se lee: “Con información de Arturo Rodríguez”, por lo que sin mayor probanza infirió ante el juez que el corresponsal era el autor de toda la publicación.
Para su propósito, Anaya intentó comprobar que había sido objeto de daño moral, convocando a cuatro testigos que afirmaron ser ciudadanos coahuilenses, que no lo conocían personalmente, y quienes supuestamente cambiaron la opinión que tenían del senador después de la publicación del reportaje motivo de la demanda, según expusieron en una diligencia efectuada el 26 de mayo de 2008. En esa misma ocasión, tres de ellos aceptaron ser abogados, compartir domicilio con el abogado patrono y con el propio senador, con lo que quedó expuesta su maniobra y el engaño al juez.
Anaya Llamas aseguró que al bautizo no fue nadie que él no conociera y que personalmente integró la lista de invitados; sin embargo, uno de sus testigos (que había dicho no conocerlo en persona) admitió haber asistido al bautizo invitado por el entonces diputado federal Jesús de León, con lo que desvirtuó la declaración del senador panista.
En la diligencia se le preguntó al senador si el texto lo relacionaba con la delincuencia organizada o asentaba una asociación delictuosa de él con Sergio Villarreal. El panista tuvo que admitir que no era así.
El abogado Ricardo Dávila Rodríguez, que encabeza la defensa del corresponsal, hace un recuento de los procesos a que se le ha sometido:
El 13 de enero de 2009, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en materia Civil emitió sentencia considerando que el senador no acreditó la autoría del texto al demandado, por lo que no entró a decidir si hubo daño moral o no, según el expediente 1715/2007.
Anaya Llamas apeló el 3 de febrero de 2009 ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila (TSJE), que el 19 de junio de ese año confirmó la absolutoria (Toca Civil 210/2009).
Dávila Rodríguez explica que el senador promovió amparos sucesivos que llevaron a la Sala Civil del TSJE a decidir en tres ocasiones sobre el mismo asunto, confirmando siempre la absolutoria, debido a que el Tribunal Colegiado en materia Civil y Administrativa del Octavo Circuito regresaba el expediente por “incumplimiento”.
El pasado 8 de octubre, con una prisa inusual, los magistrados federales Fernando Estrada Vázquez, Édgar Humberto Muñoz Grajales y Víctor Antonio Muñoz Cano resolvieron analizar el expediente “con plena jurisdicción” y orientar la modificación de la sentencia, amagando a los magistrados estatales con destituirlos.
Así, en su cuarta decisión sobre el caso, la Sala Civil del TSJE decidió condenar al corresponsal el pasado 12 de octubre, con lo que según Ricardo Dávila se violaron los artículos 14 y 16 constitucionales.
Para condenar al demandado, afirma el litigante, la Sala Civil debió acreditar la existencia de un hecho u omisión ilícita, que la ilicitud de la conducta hubiera causado un daño moral al senador, además de la relación de causalidad entre el hecho o conducta ilícita y el daño moral.
“La Sala Civil valoró que el corresponsal admitió haber aportado información para el artículo, pero en ningún momento el senador acreditó que la información aportada haya sido precisamente aquella de la que se duele, y sobre el demandante recae la probanza, no sobre el demandado.
“Pero sobre todo, Anaya Llamas en ningún momento aportó pruebas para demostrar que Sergio Villarreal Barragán no hubiera estado invitado al bautizo de su hija, por lo que se deja la carga de la prueba sobre el demandado sin comprobar el daño”, explica.
En su resolución, la Sala Civil afirma que, al combatir los aspectos de la demanda del senador en el juicio, el corresponsal “hizo suyo” el artículo, sin que se exigiera al senador que comprobara sus dichos.
Otra consideración de la Sala Civil es que la circulación de la edición de “Proceso” fue valorada en 76 mil 410 ejemplares, pretendiendo así acreditar el daño, lo que -según el abogado defensor- es insuficiente.
Por lo anterior, sostiene Dávila, la causalidad entre el hecho ilícito y el supuesto daño no tiene sustento ni motivación, más allá de inferencias, por lo que la Sala Civil, con su nueva sentencia, incurre en violación a garantías del reportero.
El abogado Dávila Rodríguez recuerda que el propio senador “admitió que el artículo en cuestión no lo relaciona ni lo acusa de ilícito alguno, y menos aún con personajes del narcotráfico, por lo que no es jurídicamente posible determinar ni la ilicitud del acto ni la existencia del daño moral”.
El pasado 4 de noviembre, la defensa del corresponsal interpuso una demanda de amparo directo por la violación de sus garantías constitucionales ante el Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Octavo Circuito, precisamente el que forzó a la Sala Civil del TSJE a condenarlo.
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